Acuerdo Social de la región: en “buen tono” y sin maquillajes

Proponemos aumentar y no sólo reasignar el presupuesto regional; que Gobierno incremente fondos y acciones desde sus ministerios; que su construcción sea amplia, participativa y con las organizaciones; y que el trabajo se proyecte en una agenda a 5 años.

Por Francisco Reyes C.
Consejero Regional de Los Lagos

El premio nacional de Ciencias, Humberto Maturana, centra hoy su mirada y salida a la crisis social que vive Chile en la “colaboración”, concepto profundo y urgente en la compleja realidad. Y en el Consejo Regional, desde allí intervenimos. Nuestro reciente voto a favor de este “Acuerdo Social de la Región de Los Lagos”, fue condicionado a mínimos comunes y es una señal al Gobierno que esperamos sea recogido por sus autoridades para lo que viene. Usamos el “buen tono”, tan invocado por estos días, para que el mencionado acuerdo sea discutido y “acordado” al interior del CORE y en futuras reuniones y no impuesto en instancias-express, como suele ocurrir en fallidas votaciones políticas en que se olvida el foco y el real objetivo común: las personas y sus comunidades.

Hay aquí prioridades puestas en las urgencias sociales en materias relevantes para adultos mayores como la rebaja de pasajes en el transporte público; viviendas; mujeres jefas de hogar; infancia; la necesaria gestión del agua; medio ambiente; y muchos proyectos de impacto que vienen analizado y priorizando los municipios. Tenemos trabajo por delante a la hora de definir y consensuar la cartera final y allí también se requieren esfuerzos en lo local para que las organizaciones territoriales se sientan representadas y participantes de este diseño descentralizado pero en un contexto de legítima demanda nacional.

El “punto de inicio” a este acuerdo social para la región fue elaborado técnicamente por el Gobierno Regional pero propuesto, desde ideas sustentables, por los consejeros y consejeras regionales.
En nuestra reciente sesión plenaria del Consejo Regional desarrollada en Puerto Varas, aprobamos reasignar 10 mil millones de pesos del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2020 y mandatar formalmente al intendente para conseguir ante la Dirección de Presupuestos, Dipres, del Ministerio de Hacienda, un aumento de $10 mil 400 millones. Es decir, poco más de 20 mil millones de pesos para acciones “especiales” de carácter regional desde el FNDR.

Y así lo hemos planteado públicamente e insistimos en ese llamado: los recursos regionales con los que contamos son claramente insuficientes y al Ejecutivo le falta mucho por escuchar y hacer los esfuerzos presupuestarios y de coordinación con sus respectivos Ministerios para avanzar en combatir con determinación las desigualdades del territorio desde un marco que “golpee” brechas e injusticias. Es decir, si la prioridad es un programa social en Vivienda, el Minvu deberá destinar de su presupuesto los recursos que permitan asumir soluciones concretas; ó, si es el agua, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP concurrirá en lo que se requiere, y no al revés como ha venido ocurriendo con varios servicios.

Por ello insistimos: no podemos disfrazar o maquillar la pequeña inversión que deciden las regiones como la nuestra, segunda en pobreza multidimensional del país. Sobre todo, considerando que el crecimiento real del presupuesto FNDR es de apenas un 2,5 por ciento para el próximo año.

¿Sabía usted que dicho fondo denominado ”de compensación” que se decide en el territorio regional apenas representa el 20 por ciento de lo que se invierte en la región; o que todo el FNDR destinado al país no supera el 10 por ciento del presupuesto de la Nación?

Por ello hemos solicitado que el acuerdo sea considerado en la Estrategia de Desarrollo Regional por construir; que aumente y se proyecte la inversión y sea sostenida en un mínimo de 5 años; que considere su discusión amplia y participativa en todas las provincias; y que el Gobierno y las respectivas carteras también haga su parte e inyecten inversión en las prioridades que estamos definiendo.

Hay un paso adelante pero se necesita seguir escuchando y activando políticas locales de cambio y en la sintonía que las personas exigen. Por ello también es que los cabildos autoconvocados que se realizan en muchas comunas de nuestra región deben ser considerados por el Ejecutivo en su reciente llamado a la participación ciudadana y que lo plasmado allí guíe el trabajo público.
Junto con recoger el clamor de un plebiscito constitucional que resuena en cada reunión de la sociedad civil, resulta lógico pensar, por ejemplo, en recursos públicos para proyectos de desarrollo que nazcan desde las propias organizaciones territoriales y que tengan un impacto real en sus comunidades.

En “buen tono”, es lo que se debe hacer, si se trata de colaborar.
Un amigo de la localidad de Chacao, comuna de Ancud, Chiloé, me repetía ayer con  vehemencia: “un acuerdo social” sin la participación de las organizaciones territoriales No es social, sino político-gubernamental”. Y coincido totalmente. Siempre, no sólo en crisis, vale la pena escuchar.

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